> Todos los miembros de la Iglesia católica o protestante con domicilio en Alemania han de pagar el impuesto eclesiástico. Todas las instituciones religiosas con carácter de corporación de interés público tienen el derecho de gravar a sus miembros con un impuesto. Existen seis confesiones que aprovechan este derecho para financiar los gastos de su comunidad de creyentes. Así por ejemplo, los miembros de la comunidad judía pagan el impuesto de culto -Kultussteuer-, que es equivalente al impuesto eclesiástico. La recaudación de los impuestos se confía al Estado Federal, quien los reparte a las instituciones eclesiásticas correspondientes después de haberse quedado con una cierta tasa por los gastos administrativos. La cuantía depende del Estado, en Baviera y Baden Wurttemberg representa el 8% y en los 14 estados el 9% del total del impuesto sobre la renta. Para ingresos muy altos existe la posibilidad de frenar el impuesto eclesiástico entre un 2,75% y un 3,5% dependiendo del Estado. Quien no quiere ser parte de la iglesia y pagar los impuestos correspondientes, no debe indicar en la oficina de empadronamiento que pertenece a una religión o declarar oficialmente que se quiere salir.

> El recargo de solidaridad -Solidaritätszuschlag o Soli- por parte de los ciudadanos se creó después de la reunificación alemana en 1991 con el fin de fortalecer y desarrollar los 5 nuevos estados federados. Inicialmente fue de un 7,5% en 1991 y 1992. Desde 1998 el Soli está fijado en un 5,5%, que se retiene de los impuestos sobre la renta de las personas físicas y de sociedades. Se trata de una imposición directa que corresponde enteramente al estado federado. Por ley no está destinado a un fin específico y el gobierno federal puede utilizar los ingresos para varios objetivos. No obstante, se acordaron dos pactos solidarios (con plazo de validez entre 1995-2004 y 2004-2019) donde los nuevos Estados Federados reciben recursos financieros del Estado para ajustar su infraestructura económica al nivel federal y, entre otras cosas, disminuir la alta tasa de desempleo que tienen en comparación con los estados federados occidentales.   

El recargo de solidaridad ha dado lugar a muchas críticas, sobre todo por el hecho que la ley no estipula ningún fin específico, así que los ingresos se pueden invertir para cubrir cualquier gasto público. Se presentaron una serie de demandas, entre otras por parte de la Unión de los Contribuyentes (Bund der Steuerzahler) y algunos juzgados llegaron a considerar este recargo como anticonstitucional. La demanda fue rechazada en 2010 por parte del Tribunal Constitucional Federal. La polémica sigue viva y se tendrá que reconsiderar al finalizar el segundo pacto de solidaridad en 2019, tal y como explican desde PortalAlemania.com